Los legisladores volverán al recinto el jueves, si así lo resuelve hoy la comisión de Labor Parlamentaria, para tratar -entre otros asuntos- una serie de proyectos de ley girados por gobernador, Juan Luis Manzur.

Una de las iniciativas que promete generar críticas de la oposición apunta a flexibilizar la denominada “Ley SAT”, sancionada en diciembre pasado.

Esta norma, que lleva el número 9.062, habilita al Poder Ejecutivo (PE) a enviar aportes financieros no reintegrables a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), en el marco de una excepción a la Ley de Administración Financiera, para que la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria pueda solventar “obras de infraestructura y adquisición de equipamientos y maquinarias que resulten necesarios para la prestación de los servicios a su cargo”. La vigencia de este permiso rige hasta el 31 de diciembre de 2018.

El proyecto enviado por Manzur, con la firma de su ministro de Economía, Eduardo Garvich, solicita la eliminación de estas restricciones para el envío de recursos. “Actualmente hay una limitación expresa de los rubros a los que pueden ser aplicados esos aportes, motivo por el cual se propone modificar la ley de forma tal que (la SAT) pueda realizar con esos fondos otros gastos operativos igualmente útiles, necesarios e impostergables para la adecuada prestación de los servicios”, expresó el gobernador en los considerando.

Advirtió que el requerimiento “se fundamenta en la situación de vulnerabilidad que atraviesa el servicio de agua en nuestra provincia, debido al incremento de los costos asociados a la operación, mantenimiento y reposición de los bienes, situaciones que atentan contra la sustentabilidad de los servicios asociados”.

El jueves pasado, la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura, a cargo del peronista Juan Antonio Ruiz Olivares, le dio dictamen favorable al proyecto del Ejecutivo. Hoy, la comisión de Labor Parlamentaria, integrada por los jefes de los bloques políticos y las autoridades del cuerpo legislativo, definirá si este asunto es incluido en el temario de la próxima sesión.

Pese a las restricciones que establece la “Ley SAT”, el gobierno efectúo al menos cuatro envíos de recursos provinciales no reintegrables a la empresa, que desde noviembre pasado está a cargo de Fernando Baratelli.

El 26 de diciembre, a través del decreto 4.369/3 (SH), Manzur autorizó un giro de $5 millones “para financiar obras de infraestructura y adquisición de equipamientos y maquinarias”.

El 16 de enero, con idéntico argumento, el mandatario dictó el decreto 63/3 (SH), que aprobó la remisión de $35 millones a la Sociedad Aguas del Tucumán.

El 21 de marzo firmó otros dos instrumentos similares, el 845/3 (SH) y el 846/3 (SH), que avalaron sendas transferencias de $10 millones cada una.

Así, desde diciembre hasta ahora, el gobierno aportó $60 millones a la sociedad anónima de participación estatal mayoritaria.

Impacto territorial

La comisión de Hacienda y Presupuesto aprobó el tratamiento de otros proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, también referidos al financiamiento de obras públicas.

En el listado figura el pedido del gobernador para que se tripliquen los montos autorizados para contrataciones directas del Ente de Infraestructura Comunitaria (EIC), una repartición estratégica para la ejecución de trabajos de impacto territorial.

En la actualidad, el EIC tiene un tope de $150.000 para las compras sin licitación -previo concurso de precios con tres firmas del rubro requerido-. A través de un proyecto de ley, Manzur solicitó se amplíe el margen hasta $450.000.

También tiene dictamen favorable la iniciativa que habilita a las comunas rurales de El Naranjito, Sargento Moya, Soldado Maldonado y Villa de Leales a adquirir en forma directa -con cotejos de precios- equipamientos y vehículos utilitarios para cada Centro Integrador Comunitario, todo en el marco de los convenios firmados con la Nación.